Violencia doméstica en este sector ha aumentado un 33% en lo que va del año, al compararlo con el mismo periodo del año anterior.
Redacción EntreMes / publicidadentremes@gmail.com
El distrito de La Chorrera es uno de los municipios donde ha aumentado la incidencia de los casos de violencia doméstica y violencia sexual. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA), se enfoca en implementar de manera participativa, un plan de mejora continua y articulación efectiva en la provisión de servicios esenciales para mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia en este sector.
La iniciativa busca fortalecer la respuesta pública multisectorial frente a la violencia basada en género para garantizar que las víctimas accedan a un paquete de servicios imprescindibles y de calidad, asegurando la recuperación de su salud, el acceso a la justicia y el derecho a vivir una vida libre de violencia.
La primera fase fue desarrollada durante la pandemia por la COVID-19, a través de un proceso presencial – virtual, donde se identificaron algunos desafíos que se deben atender como parte del proceso de mejoras, como un personal insuficiente para atender la alta demanda de mujeres violentadas y el seguimiento de casos, además de la falta de privacidad en los espacios de atención y la medición de resultados.
El programa propone crear un centro de atención y desarrollo comunitario es un espacio multifuncional y multisectorial gestionado por la Alcaldía de La Chorrera, para ofrecer atención y orientación integral de manera coordinada entre instituciones gubernamentales, organizaciones del sector no gubernamental y la empresa privada.
Como los servicios esenciales deben proteger, como mínimo los derechos, la seguridad y el bienestar de cualquier mujer o niña que experimente violencia de género.
El pilotaje del programa se realiza en el Municipio de La Chorrera, ya que es uno de los gobiernos locales en los que se implementa el programa de prevención de las violencias en Panamá a cargo del PNUD y el Ministerio de Seguridad Pública.
