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Una denuncia para que el proyecto del “Corredor de Playas” que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas, sea auditado por la Contraloría General de la República, presentó ante la Fiscalía General de Cuentas, el abogado Ernesto Cedeño.
Cedeño solicitó a la Fiscal General de Cuentas, Waleska Hormechea para que a través de la institución a su cargo le solicite al Contralor Gerardo Solís, realizar el respectivo examen de reparos a fin de determinar una posible lesión al Estado, en la obra cuyo costo supera los 600 millones de dólares.
Del 21 de mayo de 2018 y al mes de julio de 2019, la obra presentaba un avance físico del 2%
De acuerdo con el abogado, ya el Estado desembolsó el 2% del costo, sumado a las horas de trabajo y trámites previos para la licitación, por lo que a su juicio hay una lesión patrimonial.
“Que la Contraloría realice el audito correspondiente para ver si determina un hallazgo y se pueda cuantificar si hubo o no lesión al patrimonio del Estado. Lo que si es cierto es que hubo un desembolso, y que esa obra ya no va y se invirtió mucho dinero”, declaró Cedeño.
Por su parte, la Fiscal General Hormechea indicó que se realizará el trámite requerido a la solicitud presentada por Cedeño.
Inicialmente la “Ampliación a Seis (6) Carriles – Corredor de Las Playas Tramo 1: era desde La Chorrera hasta Santa Cruz, Provincia de Panamá Oeste”, bajo el contrato Al-1-85-17, que detalla una inversión de B/. 603, 260, 031. 64, incluyendo el financiamiento. Ante esto el Mop. consecuentemente, realizó una serie de análisis e inspecciones a la obra para validar su factibilidad y en esa tarea se determinan marcados problemas de planificación en la adquisición de servidumbre y el diseño de su alineamiento.
Por ejemplo, en la adquisición de servidumbre en el contrato original se establece un presupuesto de B/. 20 millones y en las proyecciones realizadas de acuerdo a los avalúos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República, el valor estimado en este rubro supera los B/.150 millones, afectando a más de 450 fincas.
Adicional dentro del monto tampoco se contempló la reubicación de utilidades (servicios públicos), donde lo presupuestado establece B/.39.5 millones y en lo proyectado esta suma supera los B/.90 millones.